esterilización forzada

La planificación familiar se sigue viendo bajo una perspectiva de control poblacional, lo que anula la titularidad de las personas sobre sus derechos reproductivos.

La anticoncepción forzada, violatoria de varios derechos humanos, es altamente común en México.

Las instituciones que insisten en perpetrarla actúan bajo el pretexto de reducir el nivel poblacional y muerte materna por embarazos sin espaciamiento entre uno y otro.

Cifras de la Secretaría de Salud muestran que el número de mujeres que aceptaron la anticoncepción luego de un evento obstétrico en instituciones públicas aumentó considerablemente en sólo seis años. Eran 928 mil 500 en 2006. Fueron 1.26 millones en 2012. Un incremento de 36 por ciento.

Las cifras no delatan sin embargo, los métodos empleados para alcanzar estos números: discriminación, violencia obstétrica, presiones, amenazas…e incluso esterilización forzada con fines poblacionales, algo que no sólo padecen muchas mujeres indígenas, de escasos recursos o con alguna discapacidad, sino también, hombres de comunidades apartadas que son presionados por instituciones públicas para practicarse la vasectomía a cambio de apoyo social, o con la amenaza de perderlo si no aceptan someterse a ésta.

Hasta febrero de 2015, los estados de Chiapas y Veracruz han tipificado la violencia obstétrica en sus códigos penales. Zacatecas y Jalisco cuentan con iniciativas en trámite que van en el sentido de la criminalización. Ocho estados, entre ellos los dos que la tipificaron, definen “violencia obstétrica” en sus leyes de Acceso a una Vida Libre de Violencia (LAVLV); y cuatro estados ya tienen iniciativas para agregar el concepto en su LAVLV.

El Estado de México es la entidad federativa con más quejas ante las comisiones de derechos humanos locales por violencia obstétrica, con 48 casos, reportó el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).

La no gubernamental presentó el primer informe en México que describe la situación actual con respecto al fenómeno de la violencia obstétrica. Según los registros recogidos del 1 de enero del 2014 al 30 de junio del año en curso, Oaxaca se ubica en la segunda posición, con 20 casos; Durango presentó 14, y Puebla y Sinaloa 10 cada uno.

esterilización forzada

No es todo: la anticoncepción forzada no ocurre sólo en el contexto del parto sino que mujeres con alguna discapacidad y mujeres presas también la padecen.

Es sabido por un estudio en Ceresos de Guanajuato, Guerrero, Puebla y Querétaro que el vis a vis es condicionado a la aceptación forzada de introducir en las reclusas algún método anticonceptivo.

Diecisiete entidades del país no cuentan con intérpretes en instituciones de salud para informar sobre anticonceptivos a hablantes de lenguas indígenas.

Si en México siete de cada 10 mujeres mayores de 15 años ha tenido al menos un/a hijo/a vivo/a, significa que casi 72% de la población femenina con vida reproductiva ha requerido atención médica durante el embarazo, parto y puerperio, y por ese solo hecho ha estado expuesta a sufrir un evento de violencia obstétrica.

Un ejemplo conocido es el de la montaña de Guerrero, Tlapa, donde mujeres obligadas a inyectarse un anticonceptivo a cambio de no ser expulsadas del programa Oportunidades fueron amedrentadas por la Secretaria de Salud en cuanto que ellas denunciaron el hecho ante los medios de comunicación, para que no pudieran cuestionar la Constitución o tratados internacionales firmados por México.

Por ello, abordar el problema con un enfoque de derechos humanos es la vía para lograr que las víctimas accedan a una reparación integral de las violaciones de las que son sujetas.

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